Las autoridades federales, estatales y municipales tienen la obligación de atender las denuncias ciudadanas ante delitos ambientales, incluyendo aquellas en las que existan fuentes provocadas o no controladas de emisiones a la atmósfera.

A nivel Estatal existe la Procuraduría Estatal para la Protección al Ambiente (PROEPA) se encarga de todos los procesos de inspección y vigilancia a las industrias de su competencia, entre los que destacan bancos de material, asfalteras, sitios de disposición final de residuos, incendios forestales provocados entre otros.

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